Departamental
Granada, Nicaragua
Por Augusto Cermeño
Unos 50 taxistas legales (concesionarios) e ilegales (piratas) se unieron en una protesta hoy (5 de septiembre 2017) para protestar o reclamar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo que pongan en orden las calles de Granada y de un paso firme para realizar estudio que determine cuantos taxis requiere la ciudad de Granada.
Los taxistas se reunieron frente a la plazoleta del Estadio Roque Tadeo Zavala, y demandaron que se de el orden, que se ordene a la policía y a la Alcaldía que pongan atención al problema y no le den más chance al libertinaje que se mantienen en las calles donde ya operan más de 600 taxis piratas.
Francisco Martínez, dirigente de los primeros 75 taxistas piratas que invadieron las calles de Granada, dijo que desean, sobre todas las cosas, tener “un trabajo digno” y es por eso que “tratamos de hacer que el gobierno nos oiga”, comentó.
Los taxistas hablaron de una realidad difícil que están enfrentando, donde llegan a casa con apenas 30 o 50 córdobas después de un día bien asoleado, y que debido a estos algunos taxistas legales han tenido que vender sus carros con todo y placa.
Los obreros del volante firmaron un pronunciamiento dirigido al Gobierno, en el que demandan solución al problema del desorden en el transporte selectivo, manteniendo un buen nivel de respeto y civismo en la protesta, porque “lo que queremos es un trabajo digno”, dijo Francisco Martínez, Juan Álvarez y Giovanni Ramírez, entre otros dirigentes de la protesta.
Los taxistas salieron de la plazoleta del Estadio, para, de manera ordenada dirigirse hacia el local de la cooperativa Gran Sultana, frente al Parque General Sandino, donde se vio merodear a una patrulla de policías que se mantuvo a una distancia de 40 metros de la protestas.
Los taxistas no le pusieron mente a esa situación, porque entre sus ideas de la protesta está no caer en acciones de violencia, esperando que se ablande el corazón de los gobernantes, o los representantes del Gobierno en Granada, donde, generalmente, no se hace nada por solucionar el problema, mucho menos que las autoridades municipales hagan algo sin la luz verde del Gobierno del Presidente Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo.
