19 enero 2022

Procuraduría de Derechos Humanos fiscaliza todo el proceso electoral en el país

Marcos A. Casanova, Procurador de Derechos Humanos

 


Granada, Nicaragua
Augusto Cermeno
 
Marcos A. Casanova, Procurador de Derechos HumanosEl procurador de Derechos Humanos de Granada y Rivas, Marcos Antonio Casanova, informó que han estado fiscalizando “todo el proceso electoral” en el país.
 
Se refirió al Convenio suscrito por el comandante Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos en Nicaragua, con el Consejo Supremo Electoral (CSE), con el Magistrado Presidente Roberto Rivas, donde se comprometieron a fiscalizar a través de la figura de “los procuradores electorales”.
 
Agrega que la fiscalización la extendieron a todo el país, siguiendo el Calendario Electoral, “según la Ley 212 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”.
 
Habló de su movilización a Granada, de sus observaciones en las paradas de buses del Mercado Municipal, en las calles “y hemos abordado a jóvenes mujeres y ciudadanos granadinos y vemos una total y completa tranquilidad en el proceso electoral”.
 
“Todo se desarrolla en una total normalidad”
 
El delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos en Granada y Rivas, cree que en la Gran Sultana el proceso electoral “se ha desarrollado en una total normalidad”.
 
Considera que “el respeto al voto en la ciudadanía, creo que sí se ha respetado. De eso nosotros podemos dar fe y hacemos un llamado a las entidades políticas a que acudan a nuestras oficinas, ante cualquier anomalía que miren, que escuchen…”.
 
La delegación Granada Rivas esta ubicada en la ciudad de Rivas, de la Iglesia de San Francisco 2 cuadras y media al oeste. En Granada no tienen local pero se mantienen en constante comunicación con el personal de la Procuraduría de Derechos Humanos.
 
El correo electrónico de la delegación Granada Rivas es: delegació[email protected]. El teléfono es el 2563-0762, en Rivas.
 
Fiscalización y seguimiento al tema de “Trata de Personas” de la PDDH
 
Harold Urbina Cruz, analista de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Granada y Rivas, está fiscalizando y dando seguimiento al tema de la “Trata de Personas” en Granada.
 
Informó de la reunión de seguimiento que realizaron el viernes 19 de octubre, en el auditorio del INTAE, al “proceso de fiscalización que se ha dado este año (2012), sobre el tema de Trata de Personas”.
 
La PDDH, “con financiamiento de Save The Children, ha venido desarrollando diferentes investigaciones socio jurídicas sobre temáticas de los derechos humanos, la niñez y la adolescencia”.
 
La más reciente investigación “fue sobre la Trata de Personas. Por lo que hoy hemos convocado al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a los jueces y al Ministerio de Gobernación, las instituciones fiscalizadas en este proceso”.
 
Se busca conocer sobre “el cumplimiento de estas instituciones, en lo que concierne al combate de la trata de personas, delito y una violación a los derechos humanos de los niños y a la adolescencia, que estamos tratando de atacar de manera conjunta”.
 
Informó que la delegación territorial de Granada y Rivas se abrió en mayo del 2011 y hasta el 2011 “el trabajo estaba centralizado en la sede central, pero esperamos que con la apertura de esta delegación aquí, el servicio y la promoción de los derechos humanos esté más cerca de los ciudadanos de Granada y Rivas”.
 
Consideró que Granada y Rivas, departamentos que se caracterizan por el turismo, uno, y la zona fronteriza, el otro, “son vulnerables a la trata de personas, al tema de la explotación sexual comercial, tanto infantil como de adultos. Incluso, a lo que es el crimen organizado”.
 
Consideró que como la Trata de Personas esta vinculada al crimen organizado, “es que estamos convocando al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, porque es su contenido de trabajo, desde el puno de vista de la persecución legal y judicial de estos delitos”.
 
La idea de la reunión es que el Ministerio Público y jueces “expliquen que avances han tenido en su función respecto a este tema. Al Ministerio de la Familia porque es la institución del Estado que protege a la familia, a niños y adolescentes víctimas de este delito”.

 

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