EFE
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, pidió hoy una reunión entre el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y el presidente Jimmy Morales, para conocer «el malestar» del mandatario.
«Creería prudente que tuviéramos una reunión con el presidente para que nos exprese cuál es el malestar, para que si hay aspectos que debemos corregir se hará y aclararle al presidente nuestras funciones y en que nos hemos basado en nuestras investigaciones», señaló Aldana a la prensa.
El presidente guatemalteco declaró al abogado colombiano persona no grata y pidió su expulsión inmediata del país por coaccionar a los diputados y manipular a los magistrados y jueces a través de los medios de comunicación, aunque el Constitucional dejó en suspenso provisional esta decisión.
La fiscal dijo a los medios de comunicación que el comisionado colombiano podría seguir con su trabajo si el presidente da marcha atrás en su decisión, que es, a su juicio, «inconsistente», y avanzó que si Velásquez dimite ella seguirá como fiscal general, lo que generó aplausos entre el personal del Ministerio Público (MP).
Cuestionada por la posibilidad de que el Gobierno decrete un estado de prevención en el país, Aldana mostró su confianza en que esto no se produzca y recordó que la libertad de expresión, de manifestación, es una libertad del pueblo que «fortalece la democracia de un país».
«Espero que no se decrete un Estado de Prevención en el país. Estamos en una democracia, lo que queremos es fortalecerla», insistió Aldana, quien dijo que ante toda esta polémica Velásquez está tranquilo, pero a ambos les «cuesta comprender qué razones o qué argumentos hay para esta declaratoria del señor Presidente».
La decisión del presidente Morales de declarar non grato al titular de la CICIG ha provocado manifestaciones en las calles de Guatemala, además de la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y de varios de sus viceministros, así como del comisionado para la Competitividad, Enrique Godoy, y de la vicecanciller Ana María Diéguez.
Asimismo, y por motivos que se desconocen, Morales destituyó a su canciller, Carlos Raúl Morales, y al vicecanciller Carlos Ramiro Martínez, quienes habían recibido la orden presidencial de cumplir con los procesos para que Velásquez abandonase Guatemala.
Los militares
El Gobierno de Guatemala confirmó hoy que «se descarta totalmente el estado de sitio» en el país ante las protestas ciudadanas contra el mandatario, Jimmy Morales, y que, por ende, tampoco se piensa en aumentar la presencia de los militares.
El portavoz de la Presidencia, Heinz Hiemann, dijo a la prensa que para que el estado de sitio pueda establecerse «hay que tener un consejo de ministros», algo que no se ha producido aún, y que esa instrucción debería pasar al Organismo Legislativo.
El ministro guatemalteco de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, señaló asimismo que el actuar de su cartera será «conforme a la legalidad, a la Constitución de la República y de acuerdo a nuestros principios» y que como ministro «respeta la decisión del presidente».
Al respecto, su colega de Defensa, Williams Mansilla, indicó que en la reunión de Gabinete «no se ha tocado el tema del estado de sitio» y que no le parece «congruente» decretar dicha excepción, y también aclaró que «no se están reforzando las calles con soldados»:
«Nosotros seguimos con nuestros procesos normales», dijo Mansilla.
Este domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala «reconcentró» a todas sus divisiones de fuerzas especiales y ordenó suspender los permisos de descanso o vacaciones, una acción que el portavoz del instituto armado explicó que se debe a «una medida de precaución para contar con el personal necesario a la hora de una eventualidad».
Todo este contexto se produce después de que el presidente Jimmy Morales declarara no grato y ordenara su expulsión del país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, por supuestas presiones a diputados para aprobar reformas a la Constitución y manipulación de los medios para coaccionar a los jueces.
La Corte de Constitucional dejó en suspenso provisionalmente esta decisión.
