Monitoreo
El informe de la Controlaría General de la República (CGR) presentado ayer a los diputados de la Asamblea Nacional reporta que “durante el año 2016 se determinó perjuicio económico al Estado, mediante Resoluciones Administrativas derivadas de Informes de Auditoría”, por un monto que asciende a los tres millones de córdobas.
El presidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro, presentó el informe ayer a los legisladores durante una sesión plenaria y destacó logros importantes en el trabajo de fiscalización preventiva.
“En materia de Control y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado durante el año 2016, se finalizaron 1,445 Informes de Auditorías Gubernamentales, logrando una cobertura de 215 Instituciones del Estado, de las 251 existentes, correspondiendo a 80 Instituciones que incluye los poderes del Estado, Ministerios, Empresas y 135 Municipalidades”, dice el informe.
“Con respecto al año 2015, en el año 2016 hubo un incremento del 35% en los montos fiscalizados por la CGR al Presupuesto General de la República”, destacó Montenegro.
El perjuicio económico por responsabilidad civil de los funcionarios asciende a C$1, 365,072.33 y por presunción penal la cifra es de C$1, 682,510.82. El informe también detalla un perjuicio de US$945.
En total los funcionarios afectados fueron 44, ocho de ellos con presunción penal. El informe no detalla los nombres de las personas señaladas como responsables por los perjuicios económicos. La Alcaldía de Puerto Cabezas tiene cinco funcionarios “afectados” y acumula el monto más alto por responsabilidad civil
C$ 170,004.00 y por presunción penal C$ 969,739.33. Los US$ 945 están vinculados a un funcionario de la Universidad de Ingeniería (UNI), que además debe responder por una responsabilidad civil de C$8,888.
“Destacamos las Auditorías realizadas al Presupuesto General de la República, logrando fiscalizar un monto por más de C$39,796 millones, quedando pendiente un monto por más de C$23,844 millones; la cobertura fiscalizada fue de 197 Instituciones de la Administración Pública, correspondiendo a los cuatro poderes del Estado, tres entes de creación Constitucional, 16 Ministerios, 24 entes descentralizados, dos empresas del Estado, cinco universidades y 143 municipalidades”, indica el informe resumido por Montenegro.
El diputado Miguel Rosales, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), habló en el plenario reconociendo como “impresionante el avance en la fiscalización de las instituciones. En 2015, tenías 439 casos de funcionarios públicos con responsabilidad administrativa y en el año 2016 se redujo a 41. De 97 casos de funcionario con responsabilidades civiles se bajó a 23, de 50 casos de funcionarios con responsabilidad penal en el 2015 se redujo a solamente ocho”.
Por su parte, el legislador Edwin Castro, coordinador de la bancada del Frente Sandinista señaló que “vamos por buen camino, se aumentaron las instituciones fiscalizadas en relación al año pasado, pero no solo eso es lo positivo, sino la eficacia del trabajo preventivo de la contraloría”.
El contralor Montenegro criticó la Ley de Contrataciones del Estado, porque “de alguna manera o en bastante proporción es engorrosa para los administradores públicos, creemos que esa ley debiera de ser objeto de revisión. Esa ley no se adapta a que un administrador pueda trabajar con alguna libertad en el manejo de la función pública”.
“La ley no se adapta a la realidad, suena como ridículo que un ministro del Estado no pueda comprar una batería o un escritorio, por decirlo de alguna manera, sino es sujeto a un proceso licitatorio que tiene que llenar determinadas condiciones”, dijo Montenegro.
