21 febrero 2024

Fuerte presión porque Alcalde Mejía Marenco arregle affaire antes de que entregue el poder local a nuevas autoridades: Afectados tendrán que irse a los juzgados

Concejo Municipal, presidido por el ing. Eulogio Mejia

Granada, Nicaragua
Domingo, 13 enero 2013
Augusto Cermeño
 
Concejo Municipal, presidido por el ing. Eulogio MejiaTaxistas granadinos organizados, nos manifestaron su preocupación porque el Alcalde, hasta ahora (6 de enero 2013), ingeniero Eulogio Mejía Marenco, este promoviendo el desorden al demandar, en algunos medios de comunicación, que la policía deje trabajar a los ilegales de placas blancas.
 
Pero, a la vez, existe una fuerte presión de los taxistas de “Placas Blancas”, sector no organizado en cooperativa, que esta presionando porque el edil Mejía Marenco, resuelva el mayúsculo problema, antes de que entregue el poder, lo que es un imposible.
 
Según uno de los taxistas que habló con LAVERDAD, que prefirió mantenerse en el anonimato,  el edil esta pidiendo “que los dejen trabajar”, lo que se considera irreal y “una salida de baño”, para distraer la atención de los presuntamente estafados.
 
¿Presión por elevar tarifa?
 
En cuanto al aumento de tarifa de taxis, se esta manejando que los propietarios de concesiones planean aumentar tarifa “porque con las entregas, no les da para mantener las unidades”, manifestó el cadete.
 
El taxista dillero dijo que los propietarios de taxis les están aumentando las cuotas, que van entre 350 y 400 córdobas, a lo que se suma la entrega de la tarjeta de subsidio del combustible.
 
Un dillero que se hace de un mil 100 a un mil 200 córdobas por turno, los reparte de la siguiente forma: 350 al dueño, 350 en combustible, lavado del carro y lo que queda va para la bolsa del cadete.
 
Sector de concesionarios de placas blancas están furiosos
 
Jairo Robleto cuando pedia restitucion de derecho al trabajoUn sector de los taxistas de placas blancas está furiosos con el Alcalde Eulogio Mejía Marenco y con todos los concejales involucrados en lo que denuncian como la Gran Estafa que ya la están denunciando ante las autoridades de policía, según fuentes de todo crédito.
 
Uno de los principales promotores de la demanda es el concesionario de placas blancas, Jairo Robleto, quien esta exigiendo, hasta ahora, al Alcalde y los concejales, les arregle el problema antes de que entreguen el poder, lo que es un imposible.
 
Robleto realizó un giro de 180 grados en el enfoque de su protesta, ya que antes presionaba porque el Gobierno les restituyera “el derecho al trabajo”, como dando a entender que el responsable de un acto considerado ilícito desde todo punto de vista, como es la compra de placas “por debajo de la mesa”, fuera responsabilidad del Gobierno Central.
 
El enfoque inicial estuvo signado por una manipulación de orden político, que pretendía desviar la atención de los medios de comunicación hacia pretensiones maliciosas que buscaban sacar de foco a los verdaderos responsables.
 
Los concejales y funcionarios más mencionados en el asunto son: Otto Alexander Navas Gutiérrez, Jaime Ramírez, Karla Canales, y Camilo Bermúdez. El Alcalde, ingeniero Eulogio Mejía, destaca por ser el jefe de la administración que aprobó las concesiones  manteniendo una postura de continuidad al ilegal proceso.
 
Los afectados no han tenido el valor de señalar, por falta de pruebas documentales (recibos o facturas) de una transacción calificada de ilegal.
 
Los reclamos y demandas se están haciendo fuera de tiempo, en la vía administrativa. Se dejó pasar la oportunidad, aunque los de placas blancas explotaron por casi 3 años las ilegales concesiones. El actual Gobierno del ingeniero Mejía Marenco, entregará las riendas del Municipio de Granada el 19 de enero 2013, en el Centro Cultural Antiguo Convento de San Francisco.
 
El Gobierno que encabezará la licenciada Julia Mena Rivera, desde el 19 de enero, estaría lejos de responder a demandas que, sobre todo, tienen un carácter personal, ya que la transacción fue entre personas ajenas a la voluntad oficial de la Alcaldía de Granada.
 
Por supuesto que en esta transacción, este affaire, privó la participación de personas, funcionarios municipales y/o concejales, que pretendían, de manera ilícita, obtener ganancia basados en lo que podemos calificar de tráfico de poder y manejo ilegal en el proceso de concesiones de placas, que están sujetas a la Ley General de Transporte y a la Ley de Municipios.
 

Los afectados tienen como alternativa los canales propios del sistema judicial, lo que comenzaron (el 7 de enero 2013), algunos de los afectados, al denunciar el caso ante las autoridades de policía, como víctimas del delito de estafa. 

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