Josué Bravo
10/01/2018
La Fiscalía de Costa Rica abrió una causa penal por el presunto delito de legitimación de capitales contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense, Roberto Rivas Reyes, quien ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción y violación de los derechos humanos.
“La Fiscalía General de la República abrió de oficio la causa 18-000038-058-PE, por el presunto delito de legitimación de capitales contra Rivas Reyes, luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”, informó el Ministerio Público.
Arranca investigación
“A partir de hoy (martes 9 de enero), el caso se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, por lo que se procederá a recolectar la prueba necesaria y pertinente para probar o descartar la existencia de un delito. Esta etapa es de carácter privado, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, añadió el Ministerio Público ante consultas de LA PRENSA.
Roberto Rivas, historia del magistrado impune
Rivas ya había sido sancionado el 21 de diciembre anterior por el Departamento del Tesoro, como parte de un grupo de 13 personas en el mundo señaladas como abusadoras de derechos humanos y corrupción.
La sanción está amparada en la Ley Magnitsky, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.
Lujosas propiedades de Rivas en Costa Rica
Rivas preside en Costa Rica la sociedad Chibilu del Oeste SA, que además la integra su esposa Ileana Delgado Lacayo. Por medio de ella, según el diario La Nación, el presidente del CSE compró cuatro casas de lujo en el exclusivo condominio Eco Residencial Villa Real, ubicado en Santa Ana, cantón de la provincia de San José.
Las cuatro residencias medían 2,441 metros cuadrados y estaban en una propiedad de 3,514 metros cuadrados, de acuerdo con el rotativo.
La Superintendencia General de Entidades Financieras había recibido de parte de la embajada de Estados Unidos en San José, el comunicado del Departamento del Tesoro sobre la sanción a Rivas y otras personas señaladas de corrupción y violación de derechos humanos.
Revisarán cuentas bancarias
La misma fue recibida por la Sugef el 2 de enero anterior y la remitió al sistema financiero nacional el 5 de enero, para que los bancos revisen las cuentas de Rivas y actúen de acuerdo con lo que por ley corresponde.
“Se remitió a todos los intermediarios financieros, empresas que conforman los grupos y conglomerados financieros, casas de cambio y personas inscritas, según el artículo 15 de la Ley 8204”, explicó la superintendente general, Cecilia Sancho.
“Estos procesos se evalúan como parte de las supervisiones que se realizan en las entidades”, añadió Sancho.
LA PRENSA buscó un nuevo criterio de Guillermo Araya, director del ICD, pero estaba en reunión. Al cierre de nuestra edición impresa, no había respondido a la llamada.
No obstante, días anteriores dijo a LA PRENSA que dentro de la Unidad de Análisis Financiero del ICD, hay una prohibición por ley que “nos limita y casi que nos restringe dar información y si una persona o un grupo está siendo investigado en proceso, o si hay alguna consulta por parte de alguna entidad extranjera o internacional”.
El ICD, un ente gubernamental adscrito al Ministerio de la Presidencia, entre otras cosas investiga bienes o capitales de origen sospechoso, para verificar si pueden o no estar vinculados al tráfico de drogas, legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y actividades conexas a estas irregularidades.
Araya explicó de modo general el abordaje institucional costarricense para casos sospechosos, investigaciones que en el caso del ICD deben tener como preámbulo la orden de un juez o ser parte de las colaboraciones de las unidades de Inteligencia de los países requeridas por un Estado.
Temas globalizados
“Lo que sucede es que hay temas y abordajes que son totalmente globalizados, las políticas anticorrupción y más que todo lo que tiene que ver con legitimación de capitales están ya globalizadas”, explicó Araya.
“Hay un estándar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) nos obliga a todos los países a cumplirlo y específicamente el sector financiero, al estar tan globalizado y que sea regido por Estados Unidos en muchos de los casos, son normas que se deben de cumplir con mucha rigurosidad”, añadió.
“Entonces es donde Costa Rica, al haber firmado convenios internacionales de intercambios de información, colaboración e investigación contra la corrupción y de legitimación de capitales y narcotráfico, pues debe proceder en esa colaboración”, dijo.
Reporte de operaciones
“En el sistema financiero se emiten reportes de operaciones sospechosas, se verifica la información y podría originar consecuencias de lo que es congelamiento preventivo, como cuentas bancarias, los mismos bienes, se les impide que se le transfiera a una tercera persona. Todo esto (sucede) hasta que exista la orden de un juez”, explicó Araya.
“Si hay un juez que emita el congelamiento o el decomiso de las cuentas bancarias, de las propiedades, etc., es donde ya pasarían a ser —depende del delito que se le acuse— administradas por el ICD; si son delitos por narcotráfico o legitimación de capitales. Por otro delito el mismo juez le asignará la entidad correspondiente para la administración de esas cuentas o esos bienes, que ya pasarían al Estado costarricense”, añadió.
Habla ministro de la Presidencia
Previo a la información del Ministerio Público sobre la apertura de la causa contra Roberto Rivas Reyes, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se refirió al caso ante consultas de LA PRENSA.
“Ambas entidades (Sugef e ICD) tienen una legislación muy particular que le permite autonomía en el tratamiento de estos temas. Hay reglas internacionales sobre congelamiento de bienes, sobre facilitación de información con gobiernos amigos o a gobiernos con los que haya convenios de intercambio de información financiera. También el ICD tiene facultades de investigación, pero esas facultades de investigación son de cara a la judicialización (de los casos) y el poder ejecutivo no interviene (directamente) en ellas”, explicó Alfaro.
“Yo sí le puedo garantizar que conociendo a ambas instituciones, tanto la Sugef como el ICD, conociendo el marco regulatorio que tenemos en materia de investigación de temas financieros, el marco legislativo que tenemos nos permite hacer las investigaciones y la cooperación internacional que se requiera en ese sentido. En eso le puedo garantizar que hay un debido proceso de ley que se cumplirá y se tramitará por las vías que están definidas”, añadió.
Sobre una colaboración con Estados Unidos más directa desde el Ejecutivo, Alfaro explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha recibido alguna gestión, “por lo tanto esperaríamos de parte del poder ejecutivo, una comunicación formal diplomática a nivel de cancillería para poder ver cuáles son los requerimientos y si podemos atenderlos”.
