ACAN-EFE
El Gobierno salvadoreño decretó hoy el «estado de emergencia» en 7 prisiones del país e informó de que trasladó a 299 líderes de pandillas presos a la cárcel Quezaltepeque, como parte de las medidas extraordinarias con las que busca parar el recrudecimiento de la violencia en el país.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo este martes que el decreto de «estado de emergencia» en las 7 cárceles se prolongará 15 días, tiempo en el que «se van a desarrollar operaciones de seguridad dentro y fuera» de esas instalaciones.
Esas operaciones implican que «intervengamos las viviendas particulares y todo tipo de establecimiento que esté ubicado en los alrededores» de las cárceles, que «han venido usando (las pandillas) para mantener su influencia en los entornos de los centros penales», detalló Landaverde en conferencia de prensa.
Por su parte, el director general de Centros Penales, Rodil Hernández, explicó que con la declaración del «estado de emergencia» se suspenden las visitas y se establece un «encierro permanente de los privados de libertad en sus celdas».
Las autoridades no detallaron en cuales cárceles, además de Quezaltepeque, se aplicará el «estado de emergencia» ni las pandillas a las que pertenecen los 299 reos trasladados.
Los presos que han sido trasladados a la cárcel de Quezaltepeque (noroeste), estaban en los presidios de San Francisco Gotera (nordeste), Ciudad Barrios (nordeste), Chalatenango (norte) y Cojutepeque (este).
Los reos trasladados «son aquellos que han sido identificados como los principales involucrados en (…) dirigir y coordinar actividades ilícitas» desde el interior de las cárceles de las pandillas, explicó Landaverde.
El portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, informó hoy que mañana miércoles el Ejecutivo presentará ante el Congreso para su aprobación una serie de nuevas iniciativas de seguridad.
De igual forma, señaló que el Ejecutivo no decretará el estado de excepción porque «hay un claro lineamiento del presidente (Salvador Sánchez Cerén) de no afectar a la ciudadanía, sino de perseguir a los grupos criminales».
Cifras de la Policía dan cuenta de que hasta inicios de marzo fueron asesinadas 1.621 personas, frente a las 783 en 2015, lo que representa un incremento del 107 %.
