24 octubre 2021

CPDH da ultimatun a Fiscalía Departamental Granada para que resuelva acción penal contra Alcalde Eulogio Mejía

Lic. Alvaro Leiva, de a CPDH


Granada, Nicaragua
Por: Augusto Cermeño
 
Lic. Alvaro Leiva, de a CPDHEl doctor Avaro Leiva, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) introdujo el jueves 3 de marzo 2011, un ultimatun ante la Fiscalía Departamental, en el que se le hace saber a la fiscal que el término fatal para resolver acción penal contra el Alcalde Eulogio Mejía Marenco, es el viernes 4 de marzo.
 
En caso contrario, según Leiva, “nosotros estaríamos ejerciendo una acción penal en contra de la Fiscal Departamental de Granada, por falta de persecución del delito, por no cumplir con la misión, visión y objetivo del Ministerio Público y, sobre todo, por denegar justicia a estos ciudadanos y servidores públicos municipales…”.
 
Leiva se refirió al caso de los trabajadores municipales despedidos por el Alcalde Mejía Marenco y reintegrados por sentencia judicial firme, que el edil ha desacatado desde hace meses.
 
El doctor Leiva no cree que el Poder Ejecutivo este de por medio, porque el Ministerio Público “no está sujeto al Poder Ejecutivo. Es parte de una institución garante de la persecución del delito, por ende, su misión, visión y objetivo es perseguir el delito, de oficio o a petición de la victima que se sienta afectada”.
 
Ministerio Público ha dado mucho que desear…
 
Juan Carlos Mairena y Oscar Moreira (gorra blanca)El doctor Alvaro Leiva, de la CPDH, consideró que en el caso de los trabajadores municipales reintegrados, que permanecen en protesta frente al Palacio Municipal desde hace más de dos años, “el Ministerio Público ha dado mucho que desear”.
 
Leiva dijo esperar “que la Fiscalía Departamental Granada, la fiscal, reflexione antes de que nosotros tengamos que recurrir, conforme al Estado de Derecho, a instruirle una acción penal a la fiscal departamental del Ministerio Público de Granada”.
 
Aclaró que el caso del Ministerio Público de Granada “no es un caso aislado, es un caso, que hemos venido dando mucho seguimiento, hemos recibido mucha solidaridad, mucha comunicación de la Confederación Sindical Internacional, porque parte de ellos son dirigentes sindicales y hemos recibido una comunicación de la Oficina de Derechos Humanos de la Confederación Sindical de las Américas, que esta involucrándose en este tema para pedirle un informe al Estado de Nicaragua”.
 
Valora que “este ya no es un problema municipal, ya trascendió: es un problema que el Estado mismo ya está involucrado y no le esta garantizando el derecho que corresponde a los trabajadores del servicio público, por denegar justicia pronta y, a fin de que se garantice el Estado de Derecho que esta establecido a favor de estos trabajadores, a través de una sentencia judicial de autoridad, cosa juzgada”.

 

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