Granada, Nicaragua
Augusto Cermeño
Las cooperativas de taxi de Granada se reunieron el martes 28 de agosto (2012) para analizar la Cédula Judicial que recibieron el día anterior, en la que se reitera la resolución de retirar las más de 120 placas de taxis consideradas ilegales que el Alcalde autoriza permisos de operación con placas particulares, llamadas “placas blancas”.A Cédula de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), leída a los cooperados por el dirigente Rigoberto González Cruz también es dirigida a la Presidencia y a la Asamblea Nacional, de modo que el Ejecutivo asuma su responsabilidad cuando una persona, organización o institución desacate un mandato judicial o una resolución o sentencia judicial, según lo manda la Constitución.
Las cooperativas de taxis Carlos Núñez, Gran Sultana y de Taxis Independientes (COTAIN), acordaron pasar a tomar acciones concretas, que no es precisamente andar papeletas en los vidrios de los carros.
Piensan hacer acciones que realmente “ayuden” al ingeniero Eulogio Mejía a pensar en una respuesta salomónica al problema que se le viene encima, cuando aún es tiempo, y tiene en sus planes reelegirse como Alcalde. Nadie podría elegir un Alcalde que no es capaz de resolver los problemas de la ciudad y que más bien crea problemas a la ciudad.
El edil carga con los problemas de las placas, en el que se habla de hasta 700 mil dólares adquiridos de forma irregular, “por debajo de la mesa” que presuntamente pagaron los concesionarios que andan en las calles en una situación de inseguridad, porque hasta ahora esas unidades son consideradas ilegales.
También carga con el problema del pago a los trabajadores, que hasta ahora se acumula una deuda de más de 6 semanas a los de base y 4 quincenas de los quincenales, según fuentes laborales municipales. Se suma a esta problemática los despedidos sin pago de sus prestaciones y que fueron reintegrados por sentencia judicial firme que el edil no acata.
Todo esto pesa mucho y no es saludable para un alcalde que se propone reelegirse, un derecho que le asiste, pero teniendo frente a él a una candidata propuesta por el más poderoso partido político de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido que está llevando a centenares de miles de familias nicaragüenses, familias granadinas, programas que los benefician y que serían sustanciales para Granada con una alcaldesa sandinista.
Hemos conocido que el gobierno de Daniel Ortega tiene planes maravillosos para esta ciudad pero con una administración sandinista que promete será mucho más equilibrada que el desastre heredado por Alvaro Chamorro Mora.
La continuación de todos los programas del Gobierno (bono, plan techo, la gallinita, el chanchito y las vaquitas, entre otros) es un hecho, este quien esté, pero se acentuará más con un Alcalde sandinista, según hemos conocido.
Además de inversiones que ya se están dando en materia de agua potable, alcantarillado sanitario y la sonada carretera a Malacatoya, la conexión don Chontales y Boaco, son obras de progreso que van a acelerarse con el Alcalde sandinista.
Eulogio podrá hacer algo mejor, cuando a todas luces, irrespeta las leyes, desacata sentencias judiciales hasta del máximo tribunal? Lo más sabio que puede hacer Eulogio, para enfrentar la poderosa maquinaria partidaria del FSLN, es poner las cosas en su lugar. Debe pensar en resolver ya, porque mañana será muy tarde.
Conflicto por placas de taxis ilegales en Granada ya toca tres poderes del Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo
La CSJ pondrá en conocimiento a la Presidencia de la República sobre el asunto de las placas ilegales y el desacato del Alcalde a una resolución del máximo tribunal, a fin de que dé instrucciones precisas a las autoridades competentes, incluyendo al mismo Alcalde para que sean retiradas las concesiones ilegales de placas de taxi.A eso de las 11:45 de la mañana del lunes 27 de agosto, la CSJ entregó cédula judicial a José Ramón Mejía, representante legal de la Cooperativa Carlos Núñez Téllez, quien se presentó ante Supremo Tribunal acompañado de Rigoberto González, Presidente de la Cooperativa de Taxis Gran Sultana.
Ambos líderes nos dejaron copia de la cédula, lo que nos permite elaborar esta nota informativa de última hora. Todo indica que la historia de las famosas placas legales de taxis, toda una novela, con una trama salpicada de mucha conspiración edilicia y actos de desobediencia a las leyes y mandatos judicial del máximo tribunal de justicia de Nicaragua, esta por finalizar.
Lo malo es que el saldo es muy dramático, porque más de un centenar de concesiones de placas de taxis quedarían inválidas y fuera de las calles. Esto permitirá que en un futuro cercano se proceda a resolver el problema en el plano de lo legal y permisible por las leyes y el derecho de las personas.
La CSJ atendió solicitud de Mejía, en su calidad de representante legal de la Cooperativa Carlos Núñez Téllez, en el sentido de que se ponga en conocimiento a los juzgados civiles de Granada, debido a que “los supuestos concesionarios han iniciado Juicios Ordinarios, con el fin de que se les declare derechos adquiridos sobre las concesiones otorgadas ilegalmente”.
Al proveer la solicitud de Mejía, la Corte expresa: “I. La Ley de Amparo vigente y sus reformas en sus artículos 51 y 52, establece los mecanismos para el cumplimiento de las sentencias emitidas por esta superioridad, habiéndose evacuado el primer procedimiento mediante auto de las 10:58 de la mañana del 30 de julio del presente año (2012), cabe pronunciarse de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la referida Ley.
La Ley aludida reza: “Cuando la sentencia no se obedeciese, a pesar de los requerimientos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la República para que proceda a ordenar su cumplimiento e informará a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que proceda a ordenar su cumplimiento, para que derive las acciones correspondientes”.
Tales argumentos jurídicos de la Suprema la llevan a ordenar que se “ponga en conocimiento del Presidente de la República, Comandante José Daniel Ortega Saavedra, para que ordene al señor Eulogio Mejía Marenco, Alcalde de Granada, hacer efectivo y sin demora alguna el cumplimiento de las sentencias en referencia en los términos señalados en las mismas”.
Se dirige oficio “al señor Paul Oquist Kelley, con inserción del presente auto y fotocopia certificada de las sentencias relacionadas”. La Cédula Judicial es firmada por los honorables magistrados: Francisco Rosales, Rafael Solís, Iván Escobar Fornos, LMA, J.D. Sirias, ante Zelmira Castro Galeano, Secretaria de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Fecha de notificación: lunes 27 de agosto 2012 y la Hora: 11:45 de la mañana. Esto esta llevando las cosas a un nivel superior, en el que ya se involucra a otro poder del Estado, como o es el ejecutivo, que constitucionalmente debe actuar ante el desacato a las leyes mismas y a las sentencias judiciales.
El artículo 167 de la Constitución Política de Nicaragua, nuestra Carta Magna, dice: “Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento”.
