Monitoreo
Nacional
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó hoy ante la Corta Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la «Ley Antiterrorismo», por considerar que fue diseñada para criminalizar las protestas sociales.
Según el Cenidh, la «Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva» viola los derechos constitucionales de los nicaragüenses, al prohibir cualquier acción que el Gobierno considere ofensiva.
«Esta ley es ilegal, está hecha precisamente para criminalizar la protesta social, para perseguir a los opositores de este Gobierno», dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, a periodistas.
La «Ley Antiterrorismo» fue aprobada en julio pasado, por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, dos meses después del estallido social del 18 de abril, cuando miles de nicaragüenses iniciaron una serie de protestas contra el presidente Daniel Ortega, que se mantienen hasta ahora.
El Cenidh considera que la legislación permite a las autoridades judiciales a procesar por el delito de terrorismo a cualquier ciudadano que incomode al presidente Ortega.
En días recientes el exprocurador Alberto Novoa y organizaciones de la sociedad civil introdujeron ante la CSJ un recursos similar, debido a que brinda «discrecionalidad a los jueces».
De acuerdo con el Cenidh en las cárceles de Nicaragua aguardan al menos 309 «presos políticos», muchos de los cuales son acusados de terrorismo.
Nicaragua vive una de sus peores crisis sociopolítica de las últimas décadas, que ha dejado entre 322 y 481 muertos en protestas contra Ortega.
De acuerdo con el Cenidh en las cárceles de Nicaragua aguardan al menos 309 «presos políticos», muchos de los cuales son acusados de terrorismo.- De acuerdo con el Cenidh en las cárceles de Nicaragua aguardan al menos 309 «presos políticos», muchos de los cuales son acusados de terrorismo.
Tanto la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
En una reciente entrevista con Efe en Managua, Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
