26 octubre 2021

Cierra caso en La Haya

5 de mayo de 2012

CIJ podría dictar sentencia antes de finalizar el año

En alegatos finales, Nicaragua insistió en una solución justa, mientras Colombia propuso a la Corte Internacional de Justicia que se desestimara la demanda

Por elnuevodiario.com.ni | Nacionales

Cierra caso en La Haya
Plenario de la CIJ en La Haya
Cortesía / END
 

Colombia concluyó ayer en la Corte Internacional de Justicia, CIJ los alegatos en el litigio que le enfrenta a Nicaragua sobre la soberanía del archipiélago de San Andrés y la frontera marítima entre ambos países, con la esperanza en que los jueces rechacen las pretensiones de Managua.

La conclusión de las audiencias en la Corte abrió ayer el período de deliberación de los jueces, que suelen tardar varios meses en elaborar su fallo, y según indicaron a Efe fuentes diplomáticas colombianas, podrían pronunciarse sobre el caso “antes de finales de año”.

El representante de Colombia ante la CIJ, Julio Londoño, pidió a los magistrados en su última intervención, que consideren “inadmisibles” las reclamaciones de Managua, que sostiene que la frontera marítima entre los dos países tiene que redefinirse con una línea al oriente del Archipiélago de San Andrés, entre su plataforma continental y las 200 millas náuticas de Colombia.

Londoño calificó de “tergiversaciones” las propuestas de Nicaragua y recordó que “durante 191 años Colombia ha ejercido su soberanía y jurisdicción sobre todos y cada uno de los componentes del archipiélago, incluyendo los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque y Este Sudeste”.

Sobre la pretensión de Nicaragua de crear una especie de enclaves en cada una de las islas, Londoño dijo que eso supondría arrebatarlas.

Un total de 80.000 personas habitan las islas de San Andrés, y las pretensiones de Nicaragua significaría “no solamente fracturar el archipiélago, sino también apropiarse de sus áreas, inclusive las aguas que conectan sus islas y cayos, de los que ellos y sus antepasados han obtenido su sustento y donde Nicaragua nunca ha estado presente”, añadió.

Nicaragua busca solución justa
Por su parte, Managua estimó durante las casi dos semanas que han durado la audiencias, que Colombia tiene bajo su control una zona situada dentro de las 200 millas náuticas, cuya soberanía le corresponde a Nicaragua.

En sus conclusiones finales, Nicaragua pidió el pasado martes a los jueces, que busquen una solución “equitativa” en el reparto de las zonas económicas situadas entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas desde la costa.

El representante de Nicaragua, Carlos Argüello, también mantuvo durante las audiencias, que Managua reclama 350 millas de plataforma continental que le corresponden y 200 millas correspondientes a la zona económica exclusiva.

Durante su primer turno de palabra, Managua también defendió la nulidad del tratado Bárcenas-Esguerra, de 1928, sobre el dominio colombiano sobre San Andrés, dado que el país se encontraba bajo ocupación de Estados Unidos.

Siguiendo la denuncia de Managua, en diciembre de 2001 ante la CIJ, ambos países se disputan su delimitación marítima y zonas de interés económico en el mar, lo que incluye la pugna por la soberanía del archipiélago San Andrés, que comprende los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sudeste y todas las áreas marítimas que le corresponden.

En 2007, y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia en la disputa, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la jurisdicción de esas islas.

La CIJ, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, tiene la misión de resolver disputas entre Estados, siempre y cuando estos hayan reconocido las competencias de la Corte y participen en el arbitraje de forma voluntaria.

La apertura de estas audiencias se retrasó por la petición de dos países vecinos; Honduras y Costa Rica, para participar ante la CIJ en la tramitación del contencioso, porque consideraban que su fallo podría afectar a sus intereses nacionales.

Sin embargo, en mayo de 2011 los jueces rechazaron las solicitudes de intervención de esos dos países.

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