29 marzo 2024

Turismo sexual en Nicaragua?: Granada, Somotillo y Waspam, los mas afectados, según el destaca esa actividad en Granada el IEEPP

 

Monitoreo Nacional
 
Tres escenarios que reflejan un mismo rostro: la “Explotación sexual comercial infantil en Nicaragua”, contienen los tres estudios de casos realizados en puntos críticos del país: Granada, Somotillo y Waspam; que el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), presentó ante los medios de comunicación.
Los estudios profundizan en los temas culturales y de género para entender las dinámicas de explotación sexual que se presentan en los distintos municipios, desde una perspectiva de los derechos humanos.
 
“Estos tres estudios prestan atención a los mecanismos y formas en que operan los grupos que se encuentran detrás de este delito. Queremos contribuir a identificar acciones que se puedan realizar en función de la prevención de estos delitos y la protección de los derechos de la niñez y adolescencia”, refirió Elvira Cuadra, Directora ejecutiva Ieepp.
 
Granada no solo atrae por su belleza colonial, el “turismo sexual” es una práctica que se desarrolla a vista y paciencia de las autoridades y de la población en general. Se agrega además, la demanda-oferta de adolescentes homosexuales.
 
El municipio de Somotillo, en Chinandega, por ser una zona fronteriza de tránsito de mercaderías y personas,  facilita la trata con fines de explotación sexual, entre otras actividades delictivas. Chinandega con la carretera panamericana, el puesto fronterizo El Guasaule y el puerto Corinto, concentra el 60% del delito de trata de personas que ocurren a nivel nacional.
 
 En Waspam prevalece el “talamana” en la cual se “resarce” el daño  a las víctimas de delitos sexuales como la violación, trata de niñas y adolescentes, con la entrega de bienes a la familia. Esta práctica de “justicia comunitaria” no toma en cuenta a la víctima, al contrario se le ve como una mercancía y objeto de transacción.
 
 El Ieepp realizará foros de reflexión en estos tres municipios como un esfuerzo por impulsar  acciones de prevención y atención a estos delitos, que involucre tanto a las instituciones públicas como a la comunidad organizada.
 

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