Monitoreo
Nacional
Al menos 24 jóvenes integrantes del Movimiento 19 de Abril, de distintos municipios de Nicaragua, están encarcelados a la espera de juicio o ya están siendo procesados. La mayoría son estudiantes menores de 30 años, a quienes la Policía señala de “terroristas” y les imputa entre cuatro y ocho delitos, por los que podrían recibir sentencias de entre 31 y 68 años de – – cárcel.
El pasado martes fue acusado en los juzgados de Managua el dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril en Managua, Edwin Carcache, uno de los rostros más visibles de las protestas en la capital, miembro de la Alianza Cívica y a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares que deberían obligar a las autoridades a brindarle protección.
Junto a Carcache, de 27 años, fueron acusados sus compañeros Carlos Lacayo (30), Jonathan Lacayo (23), Jefferson Padilla Rivera y Óscar Rosales Sánchez. A ellos les atribuyen los delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, facilitación de evasión (fuga de reo), portación ilegal de armas, tentativa de homicidio e incendio. De ser declarados culpables, la sumatoria de penas totalizaría 44 años de cárcel.
En Nicaragua, el tiempo máximo de encierro en prisión es de 30 años, según la Constitución Política.
Masaya
En las celda de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y a la espera de un juicio, se encuentra el dirigente del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Yubrank Suazo, de 27 años. Le imputan delitos de asesinato, asalto, terrorismo, secuestro, tenencia ilegal de armas, incendio, torturas, lesiones y exposición de personas al peligro.
Su mamá, Ana Julia Urbina, asegura que Yubrank no es un terrorista, “es un joven querido por la gente de Masaya que lo único que ha hecho es levantar una bandera y pedir un cambio para Nicaragua”.
Suazo, quien es estudiante de Sicología y cuenta con medidas cautelares de la CIDH, recibiría una sentencia de entre 44 y 68 años de prisión, según las penas mínimas y máximas que establece el Código Penal.
Cristian Fajardo, de Masaya y con medidas cautelares de la CIDH, está siendo procesado junto a su esposa, María Adilia Peralta, por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de los servicios públicos y secuestro, según la Fiscalía, por haber liderado los tranques en Masaya que la población levantó para protegerse de los ataques y detenciones realizados por policías y parapolicías. De ser declarados culpables, ambos recibirían una sentencia de entre 35 y 49 años.
Estudiantes ejemplares
Levis Rugama y Victoria Obando, estudiantes de la UNAN-Managua con notable participación en las protestas, fueron detenidos el pasado 25 de agosto en León junto a otros compañeros, luego de participar en una marcha opositora. Ambos están a la espera de juicio.
Victoria Obando es estudiante de Gestión de la Información y una reconocida mujer trans. En junio, durante el III Congreso de Educación Superior realizado en Córdoba, Argentina, denunció las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno.
Levis Rugama, alumno de Derecho, conocido como “El Canciller”, “es el estudiante que todo profesor quisiera tener”, dice el doctor Ernesto Medina, rector de la UAM.
“Su inteligencia y sencillez es la mejor muestra de que todo lo que dice el régimen en contra de los estudiantes que protestan es una soberana mentira. Levis Rugama es un estudiante ejemplar, su lugar y el de todos sus compañeros está en la universidad y no en las mazmorras del régimen”, aseguró Medina en una publicación a través de Facebook.
Además de Obando y Rugama, en León fueron apresados Byron Corea, Cristopher Nahiroby Olivas, Luis Hernández Quiroz, Juan Pablo Alvarado Martínez y Yaritza Mairena.
Judicializacion
La CIDH ha hecho constantes llamados al Gobierno para detener la “alarmante activación de prácticas de persecución judicial y criminalización” contra manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos que aún continúan.
El informe de Naciones Unidas “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” señala que los tribunales se han basado predominantemente en testimonios para acusar a las personas de graves delitos en relación con las protestas, incluido el de terrorismo.
