Preocupa a concejales sandinistas manejo irresponsable del Patrimonio Histórico y Cultural de Granada

 

La arquitecta Flor de María Rivera, se refirió en reunión de concejo del martes 10 de mayo 2011, a los problemas del patrimonio cultural, sobre “los diferentes permisos que se dan en edificios de carácter patrimonial, que son lesivos al patrimonio cultural”.

 

Se refirió al caso de una casona colonial localizada frente al Cuerpo de Bomberos Beneméritos, a la que le retiraron el techo, lo que “fue autorizado por el director de control urbano”.

 

Habló de la casa localizada frente a la Iglesia de San Francisco, a la que Control Urbano “le dio permiso para que se ampliara el boquete, para uso de garaje. Es una casa patrimonial, localizada en el conjunto de San Francisco y está en el catálogo de edificios protegidos”.

 

“Aún a sabiendas de esto, el director de control urbano dio permiso para que se abriera ese boquete”, manifestó Rivera. Se preguntó: ¿Hasta donde vamos a llegar en el tema de la protección del patrimonio?

 

Flor de María cree que cada vez que se toca el tema en el Concejo “parece ser que hablamos al desierto”. Dijo que el edil Eulogio Mejía no tiene una comisión “para frenar estas cosas, ni, mucho menos, el director de Control Urbano, ingeniero Clarence Reyes, ha adoptado una actitud en la que recapacite y evite dar este tipo de permisos, por el contrario, cada vez se dan más permisos dentro del área del Patrimonio Cultural”.

 

Los permisos lesivos al Patrimonio Cultural “están considerados delitos contra el patrimonio en el código penal vigente”. Flor de María pidió “se realice una investigación exhaustiva sobre estos actos”.

 

Realmente en el Condigo Penal, Ley 641, Titulo 8: Delitos contra el Patrimonio Cultura de la Nación, capítulo único, articulo 301, dice:

 

“Derribamiento o alteración grave de edificios de interés histórico, artístico, cultural o monumental”. Quien contraviniendo las leyes, reglamentos o normativas de planificación urbana, derribe o altere gravemente un edificio o un conjunto urbano o rural protegido por su interés histórico, artístico, cultural monumental, será sancionado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

 

Quien estando obligado a la conservación de edificios o conjunto urbano o rural señalados en el párrafo anterior, injustificadamente deje de darle mantenimiento o no permita prestarlo, se le impondrá la pena entre 50 y 200 días multa.