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Nacional
Una vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos explicó hoy que la Ley Global Magnitsky es una herramienta que permite a su gobierno “revocar visas y negarles el acceso a los Estados Unidos” a quienes sanciona. También permite al Departamento del Tesoro congelarle los activos, y les prohíbe el acceso a nuestro sistema financiero”.
La vocera, en declaraciones a El Nuevo Diario, aclaró que las sanciones no implican un proceso judicial en Estados Unidos en contra de las personas enlistadas.
A través de una orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso hoy sanciones financieras al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, añadiéndolo a la lista de 13 personas sancionadas este año bajo la Ley Global Magnitsky.
Según el Departamento del Tesoro, Roberto Rivas devenga un salario gubernamental de US$60,000 dólares al año y ha sido acusado de “acumular una riqueza personal considerable”.
Su perfil, en las instituciones de EE.UU., añade que “las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense”.
Las sanciones, según la orden ejecutiva, se deben a “la prevalencia y severidad de los abusos de derechos humanos y la corrupción” que han cometido las personas que forman parte de la lista.
Roberto Rivas Reyes es el primer nicaragüense sancionado por Estados Unidos mediante la Ley Global Magnitsky.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmó en un comunicado que las sanciones impuestas hoy “muestran que EE.UU. continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para aquellos que cometan graves violaciones de derechos humanos y se involucran en corrupción”.
El 1 de diciembre pasado, un grupo de diez congresistas demócratas y republicanos enviaron al presidente Trump una solicitud para investigar y determinar si merecían sanciones los nicaragüenses Roberto Rivas Reyes, presidente del CSE y Francisco López, vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).
Esa solicitud fue iniciativa de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires, y se les unieron los senadores Marco Rubio, Robert Menéndez, Ted Cruz y Bill Nelson. También la firmaron los congresistas Ed Royce, Eliot Engel, Paul Cook, y Debbie Wasserman Schultz.
