27 noviembre 2021

Del Concordato a la Excomunión Presidencial

-Breve introducción al estudio del Concordato en Nicaragua-

Culturales

Managua, Nicaragua

Por: Clemente Guido Martínez. Historiador.

Tomado y revisado del libro:

“Oligarquía, Autoritarismo e Intervención Norteamericana:

80 años en la vida del Poder Legislativo de Nicaragua,

1858-1938”

1era. Edición: Lea Grupo Editorial, ALMA, 2013.

El Catolicismo como religión oficial del Estado.

1Su Santidad Papa Pío IX

La Constitución de 1858, fue antes que el Concordato suscrito por el Presidente Tomás Martínez con la Santa Sede Apostólica. El Congreso Nacional en Cámaras unidas,  ratificó el Concordato el 16 de Enero de 1862, mandándose su publicación por el Presidente de la República, el 21 de enero del mimo año. Y el Vaticano, lo ratificó el 28 de Mayo de 1862, por Su Santidad el Papa PIO  IX. En Nicaragua se proclamó el 29 de agosto de 1862[1].

[1] Edgar Zúñiga C. “Historia Eclesiástica de Nicaragua”. Editorial Hispamer, Managua 1996.

Sin embargo, en la Constitución ya existían las bases jurídicas para lo que llegaría a ser uno de los ejes fundamentales de los 30 años de Gobierno Conservador. El artículo 6 de la Cn. declara que “La Religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana: El Gobierno protege su culto”.

El artículo 41, inciso 11 establece como una función del Congreso Nacional: “Asignar la renta al Obispo y Cabildo Eclesiástico, y distribuir la masa decimal en objetos del culto y otros piadosos, con presencia del cuadrante que deberá mandar la Autoridad Eclesiástica, a reserva del Concordato que se celebre con la Santa Sede”.

2General Tomás Martínez

El Poder Ejecutivo comparte funciones sobre materia eclesiástica, conforme la Constitución Política del 58, al atribuir al Poder Ejecutivo la facultad para “poner el pase, si lo tuviere a bien, a los títulos en que se confiera dignidad eclesiástica, y a los nombramientos de vicarios, curas y coadjutores, sin cuyo requisito los agraciados no pueden entrar en posesión.  Concederlo igualmente a las letras pontificias y disposiciones conciliares, o retenerlas…”[1].

Misa al inicio del Congreso.

Un acto protocolario, pero imbuido de este espíritu de Catolicidad absoluta del Estado de Nicaragua, era el hecho que la primera Sesión de instalación del Congreso Pleno, estuvo durante todo el período de los 30 años, intermediada  por una Misa. Una vez que las Cámaras se instalaban y constituían en Congreso Pleno, y electa la Directiva del primer mes de Sesiones, todos los Senadores y Diputados, junto con los invitados especiales, entre los cuales estaba el Presidente de la República, pasaban a participar de la Misa, celebrada generalmente por el Obispo o el Vicario Capitular.

Curas juzgan a Curas en causas criminales.

El 22 de Febrero de 1865, el Congreso aprobó una normativa referida a la designación anual de cuatro eclesiásticos “para cada una de las Secciones de la Corte Suprema de Justicia”, con la finalidad  que de ellos se escojan a dos para integrar el Tribunal de Segunda Instancia, que conocería de las causas penales de los Sacerdotes y Religiosos Católicos, prohibiéndose que esos juicios fuesen públicos. El Tribunal de Segunda instancia estaría integrado en su totalidad por tres magistrados civiles y dos eclesiásticos. Estos últimos serían nombrados por el Obispo Diocesano o en Sede Vacante por el Vicario Capitular[2].

Mediación entre Cabildo Eclesiástico y Obispo

Un caso muy notorio de participación del Congreso en asuntos eclesiásticos[3] sucedió en 1868, cuando el Cabildo Eclesiástico de la Diócesis de Nicaragua, no quería aceptar la validez del nombramiento del Obispo Manuel Ulloa y Calvo, teniendo el Congreso que conocer del conflicto entre ambas autoridades de la Iglesia Diocesana y resolver que el Obispo era conforme las normas establecidas en el Concordato y las Eclesiásticas, por lo que debía permitírsele asumir el Obispado[4].

La Proclama Liberal por Libertad de Cultos

Luego, en 1869, el Constitucionalismo se vio amenazado por los caudillos Máximo Jerez (liberal) y Tomás Martínez (Conservador), en una alianza algo “rara”, considerando las diferencias abismales que habían entre ambos caudillos en diferentes materias, inclusive la religiosa. Era Presidente de la República, Don Fernando Guzmán (1867-1870), y tuvo que enfrentar con gran capacidad política, diplomática y militar, la embestida de los Generales del pacto del 56 y de la Junta del 57. Martínez, además, había sido Presidente de Nicaragua dos veces consecutivas entre 1859 y 1866, promoviendo a Guzmán para la Presidencia.

[1] Esgueva, Tomo I, Artículo 55, inciso 20.

[2] Decreto Legislativo que previene el nombramiento de los eclesiásticos que deben conocer en las causas criminales de los clérigos en segunda y tercera instancia. La Gaceta de Nicaragua Numero 8, año III, del 25 de Febrero de 1865.

[3] El Ejecutivo tenía más influencia y participación en los asuntos de la Iglesia, por medio de los contenidos del Concordato

[4] La Gaceta de Nicaragua, Número 7, año VI, del 15 de Febrero de 1868.

3General Máximo Jerez

La Revolución Liberal de 1869, emitió un Programa de Gobierno de once puntos, entre los cuales incluían un 8avo): “Los principios liberales reconocidos en materia religiosa, en tanto que sean aceptados por las convicciones generales del País”[1].  Es decir, la ruptura de la Catolicidad del Estado Confesional consagrado en la Constitución Política del 58 y por lo tanto, la libertad de cultos en Nicaragua.

Esta pretensión fue objeto de una carta del Ministro Teodoro Delgadillo, al Obispo Manuel Ulloa y Calvo, con fecha 12 de agosto de 1869, en la cual analizaba el referido punto, repudiando la posibilidad de que existiera tal situación de libertad de cultos en Nicaragua. La carta de Delgadillo al Obispo Ulloa no era casual, sino que descubre el problema suscitado por la participación de algunos sacerdotes en las filas de la Revolución Liberal de 1869.

Consecuencia de esta participación, cuando finalizó y fue derrotada la revolución Jerez-Martínez, la Iglesia por medio del Br. Mateo Espinoza, Vicario General de la Diócesis de Nicaragua, emitió un Edicto por medio del cual afirmaba que “algunos curas Párrocos, que por desgracia hayan tomado parte en la revolución que acaba de pasar…sean suspendidos a aquellos curas que hayan incurrido en tales excesos”[2].

La verdad es que en la Nicaragua Católica de los 30 años, había una situación excepcional en cuanto a la libertad de cultos se refiere, pues en 1870, en San Juan del Norte, “el culto es libre según acuerdo entre la Gran Bretaña y el Gobierno de Nicaragua”[3].  En su Historia, el Dr. Zúñiga refiere que: “Los católicos del Puerto de San Juan del Norte se dirigieron al obispo con fecha 23 de noviembre de 1870 felicitándolo por su feliz regreso de la ciudad de Roma. Le comunican que están sin poder asistir al Santo Sacrificio de la Misa por falta de sacerdote y privados de los Santos Sacramentos a pesar de que el pueblo posee una iglesia con todos los adornos necesarios para el culto. Lamentan las consecuencias funestas de esto para la República ya que en l Puerto el culto es libre…”[4]

Sin embargo, San Juan de Norte era la excepción de la regla, pero en el resto de Nicaragua, el Congreso Nacional no varió su política de Estado Católico, ni aún después de la fallida revolución liberal de 1869. Nicaragua siguió declarándose oficialmente Católica y sus autoridades siguieron cumpliendo a cabalidad con los contenidos del Concordato de 1861-1862.

Propuesta de Denunciar El Concordato con la Santa Sede

Esto no impidió que el 11 de febrero de 1881, el Congresista Sr. Luciano Gómez, presentase una moción en el seno del Congreso Nacional, para denunciar el Concordato con la Santa Sede. “La votación final fue estrecha de ocho a seis a favor de mantener el Concordato, según Zúñiga en su Historia Eclesiástica[5], utilizando como fuente el Diario Intimo de Enrique Guzmán[6].

El Conflicto por las Capellanías

Sin embargo, durante el Gobierno del Presidente Evaristo Carazo (1887-1889), se dio un conflicto entre el Gobierno y la Iglesia, por un asunto referido a las “Capellanías”. El Historiador Eclesiástico, Dr. Edgar  Zúñiga, refiere los hechos de la siguiente manera:

“En abril y mayo siguiente (1887) se dio el conflicto de las Capellanías. Se trataba de grandes extensiones de tierra que permanecían improductivas. La autoridad Eclesiástica se vio amenazada en sus derechos cuando el 28 de abril el Congreso pasó una ley de redención de tales Capellanías. Tal ley tuvo el pase del poder Ejecutivo lo que ocasionó la protesta del Obispo[7]. La ley consistía en que cualquiera podía denunciar las capellanías para que fueran subastadas en beneficio de los respectivos curas jueces de distrito. Al Obispo le pareció esto un atentado contra un derecho secular de la Iglesia, por lo que le protestó al Presidente de la República y publicó una pastoral el 24 de mayo donde amenazaba con la excomunión a los curas y funcionarios que aceptaran la disposición gubernamental. El Ministro de Gobernación y Cultos, Dr. Salvador Castrillo, se dirigió por carta al obispo el 7 de Junio, explicándole la bondad de la ley que incluso beneficiaba a la misma Iglesia. Que era absurdo desconocer una ley aprobada por el Congreso, lo que lo hacía reo de rebelión. Le hacía ver que como Obispo debía dar ejemplo en el cumplimiento de la Ley”[8].

En su Mensaje al Congreso en Pleno, durante la inauguración del XVI Período Constitucional, celebrada en Managua el 8 de enero de 1889, el Presidente Evaristo Carazo informó: “Con el Diocesano se han mantenido las más cordiales relaciones. Una Pastoral de su Señoría referente a las leyes sobre Capellanías y primicias, decretadas en vuestras últimas Sesiones Ordinarias, dio motivo a algunas contestaciones en las que el Ejecutivo defendió los derechos Constitucionales del Estado”[9]

Renta Eclesiástica

A finales del período Conservador, cuando ya se avecinaba la Revolución Liberal triunfante, la de 1893, encontramos al Obispo de Nicaragua, monseñor Francisco Ulloa y Larios,  solicitando al Congreso que se aumente la renta eclesiástica “al doble de su valor actual”. Esta petición del Obispo fue presentada  en la sesión 18 del 29 de enero de 1891.

La renta eclesiástica estaba consignada en el Concordato, y según el historiador  Arturo Cruz S., “el subsidio estatal a la Iglesia, convenido en el Concordato del 2 de enero de 1861, ascendía apenas a 14,000 pesos anuales. De éstos, se asignaban 3,000 al sueldo del obispo; 4,800 para sueldos de los ocho vicarios; y 2,000 para gastos incurridos por confesores, iglesias pobres, hospitales, y otros misceláneos. Para la mayoría de los curas quedaba la escasa suma de un poco más de 4,000 pesos”[10].

EL FIN DEL CONCORDATO.

Como hemos observado, uno de los elementos más característicos del período de los 30 años de Gobierno Conservador, había sido El Concordato suscrito entre el Estado de Nicaragua y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este Concordato fue derogado tácitamente por la Constitución Política del 4 de Julio de 1893, al omitir  el artículo 6 de la Constitución de 1858, que ordenaba a la Religión Católica como “La Religión de la República” y ordenaba también proteger su culto.

4General José Santos Zelaya

En cambio, la Libérrima estableció en su artículo 47 que “en Nicaragua no se podrá legislar estableciendo o protegiendo ninguna religión ni prohibiendo su libre ejercicio”. Y el artículo 48, mandaba que no se sometiera el estado civil de las personas a una creencia religiosa determinada.

Esta nueva Constitución y las Leyes que se preveía que derivarían de la misma, ocasionaron una airada reacción de los representantes de la Iglesia Católica, protagonizada por el Pbro. Pedro Esnao, en un “Memorial de quejas que eleva el Señor Vicario General de esta  Diócesis al Señor General Presidente Don J. Santos Zelaya, con motivo de infracciones del Concordato y Jurisdicción Eclesiástica”, fechado el 19 de Junio de 1894, en El Viejo, Chinandega.

“En el arto. 1º del Concordato celebrado entre la Santa Sede y este Gobierno en 28 de Marzo de 1862 se establece: “que la Religión Católica, Apostólica, Romana es la religión del Estado en la República de Nicaragua, y se conservará siempre con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones de los Sagrados Cánones”. Y no obstante nuestras súplicas y reclamaciones a la Junta de Gobierno que ofreció sernos favorable, y a la Asamblea Nacional Constituyente, se ha emitido una Constitución radical, desconociendo la Religión Católica, Apostólica, Romana, como religión oficial sin que el Gobierno de su parte haya procurado cumplir este tratado y sus promesas”.

Sigue el Pbro. Esnao, argumentando:

“En esta Constitución se consignan artículos contrarios a varios del Concordato, en cuyo Art. II se establece: “que la enseñanza en las Universidades, Colegios, escuelas y demás establecimientos de enseñanza será conforme a la doctrina de la misma Iglesia”. El Arto. III consigna la facultad que el Diocesano tiene para la censura en la circulación de impresos que tengan relación con el dogma, la disciplina de la Iglesia y en la moral pública. Por el Art. X se compromete el Gobierno a suministrar los gastos del Culto. En el Art. XVII se declara: que la Iglesia tiene el derecho de adquirir por cualquier título justo, y sus adquisiciones respetadas y garantizadas a la par de la propiedad de los nicaragüenses. Todos estos artículos están contrariados por los artículos 47, 48, 49, 50, 54 y 58 de la Constitución que fue aprobada por el Ejecutivo en 10 de Diciembre del año próximo pasado, sin que se hiciera ninguna observación para dar el exequátur”.

Se enlistan en el documento varias denuncias de confinamiento de Sacerdotes, allanamiento de templos católicos e irrespeto de imágenes religiosas a vista y paciencia de “la Autoridad correspondiente”, nombramiento de capellanes sin autorización de la Iglesia, entre otras.

Finaliza el Pbro. Esnao afirmando que la Iglesia “no podemos callar sin traicionar la conciencia y los intereses de la Religión y de la Patria. Véase la nueva ley de imprenta, y lo que está en proyecto con relación al matrimonio civil; cuyas leyes desde ahora las protestamos ante S. E. En la forma mas solemne de derecho”.

Pide el Vicario que al elevar este Memorial de quejas al Presidente Zelaya, lo hace “para dar cuenta con su contestación a la Santa Sede, y para saber a qué atenernos en el ejercicio de nuestras jurisdicción y en las relaciones con el Gobierno de la República”.

Lo cierto es que para la Iglesia Católica la situación se agudizaría aún más en los años venideros de la Revolución Liberal. Al cabo que en los primeros años del Siglo XX, la Diócesis de Nicaragua sería dejada prácticamente sin Obispo y Sacerdotes, al ser exilados del País en su inmensa mayoría en le más alto nivel de confrontación que llegó a darse entre Iglesia-Gobierno durante esta Revolución.

La  contradicción entre Iglesia-Estado Liberal llegó a su punto culminante en el año 1904, cuando Zelaya nombró a un Ministro de Gobernación anticlerical, el doctor Adolfo Altamirano. El clero protestaba por las políticas liberales de Zelaya, a lo que el Ministro de Gobernación recién nombrado actuó reprimiendo a la Iglesia, prohibiendo la entrada al país de órdenes  religiosas, las manifestaciones religiosas quedaban obligadas a realizarse sólo dentro de los templos; los sacerdotes y religiosos no podían usar traje talar[1] fuera de los templos. El clero protestó y fue reprimido en las calles.

[1] Dicho de un traje o de una vestidura: Que llega hasta los talones.

5Mons. Pereira y Castellón Obispo de la Diócesis

Ante esta situación el Obispo Simeón Pereira y Castellón, excomulgó al presidente Zelaya. En respuesta, Zelaya expulsó de Nicaragua al Obispo Pereira y Castellón, junto con todos los sacerdotes que lo apoyaron en su protesta. Estos hechos sucedieron en 1904.

Los tiempos del Concordato habían llegado a su fin, al menos el Concordato oficial, porque en la praxis política nicaragüense, la influencia de la Iglesia en los asuntos políticos nunca ha sido despreciable, ni prescindible.  Cinco años después, Zelaya ponía su renuncia.

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