Camilo Bermúdez ¿es asesor legal o matón a sueldo del Alcalde, encargado de agredir a periodistas honestos, que denuncian las injusticias y abusos de Eulogio Mejía?

 

En este país “donde el plomo flota y el corcho se hunde”, suceden cosas increíbles, abusos y violaciones a nuestras leyes que no tienen respuesta porque todo esta rayado, según los intereses de los partidos mancornados para explotar al pueblo pobre de Nicaragua, el que siempre “paga los platos rotos”.

 

El miércoles 14 de abril 2010, en horas de la mañana, cuando fuimos a cubrir la entrega de la Alcaldía, por parte del Comisionado Mayor Ramón Avellán, al Alcalde, ingeniero Eulogio Mejía, al final de la actividad, ordenó a sus servidores sacar a todo el mundo, menos a los funcionarios y trabajadores municipales presentes.

 

Esto lo hizo para que fuera sacado del edificio el periodista que suscribe estas líneas, de modo que uno de sus más files serviles saltó de inmediato a sacar a empujones a su servidor.

 

Tal situación no la aceptamos porque estaba en un edificio público y toda persona tiene derecho de transitar libremente por todo el territorio nacional, ingresar a edificios públicos, como lo manda la Constitución Política de Nicaragua.

 

La Constitución en su artículo 4, de los Principios Fundamentales, habla de la protección que el Estado debe dar el ciudadano, “promoviendo el derecho humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos de toda forma de explotación, discriminación y exclusión”. El abogado Camilo Bermúdez nos trató de manera salvaje, brutal, excluyéndonos de acceder a un edificio público.

 

En la Constitución, artículo 5, se establece como principios de la nación nicaragüense: “la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana…”, lo que el susodicho abogado del Alcalde parece desconocer, pero nadie como él puede alegar ignorancia de la Ley.

 

Las autoridades de policía que andaban con el jefe departamental, comisionado mayor Avellán, procedieron de forma contraria a la Ley, haciendo caso a la orden abusiva del Alcalde. El mismo comisionado mayor Avellán, nos pidió salir del edificio, donde andábamos cumpliendo una misión periodística.

 

La policía ignoró que el artículo 27 de a Constitución dice que “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derechos a igual protección”. La policía, únicamente debía actuar contra el gorila que nos estaba sacando del edificio público solo porque el Alcalde así lo deseaba. No había ningún tipo de altercado o alteración al orden público que diera razones a la policía para sacarnos.

 

Creo que lo que molesta al Alcalde, es el seguimiento permanente a los errores de su gestión, lo que no le agrada, pero eso no le da derecho a violentar el derecho que corresponde a todo ciudadano en el artículo 30 de la Constitución.

 

“Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”, se lee en el artículo 30 CN.

 

El artículo 36 parece haber sido diseñado a personas como Camilo Bermúdez, el que dice: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psiquica y moral. Nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumaos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la Ley.

 

Lo que tanto molesta al alcalde son las críticas y las opiniones que cuestionan su estilo de administrar el municipio, un tanto desordenado, arbitrario, abusivo y anárquico.

 

El artículo 52 de la Constitución, dice que: “Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad…”. El asesor legal parece ignorar esto. Da mucho que pensar su calidad de abogado, pero si nos deja claro que su roll de matón represivo le viene “como anillo al dedo”.

 

Queremos decir finalmente que en Nicaragua tenemos suficientes leyes, hay un buen marco jurídico para defender nuestros derechos, el problema es que esas leyes ese derecho lo respeten los dictadores del gobierno de turno.