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Este miércoles fue remitido a la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional el decreto legislativo de un préstamo de US$65 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga al Gobierno, para financiar las estrategias que permita el fortalecimiento del sector energético.
Estos fondos están dirigidos al Programa para Fortalecer el Sector Eléctrico III, que busca, entre otros aspectos, promover una matriz energética sostenible fomentando las energías renovables, la inversión privada, la eficiencia energética y la integración regional del sector eléctrico, según explica el texto del acuerdo legislativo.
La Comisión de Producción y Economía del Poder Legislativo iniciará en los próximos días el proceso de consulta, previo al dictamen que debe hacer sobre este decreto legislativo de préstamo.
El financiamiento permitirá “seguir trabajando en la reducción de pérdidas en el sector, en el ordenamiento de los usuarios del servicio de energía eléctrica, en exigir que la distribuidora Disnorte-Dissur realice el plan de inversiones al que se comprometió con el Estado de Nicaragua”, expresó José Figueroa, vicepresidente de la Comisión de Producción y Economía.
El Programa para Fortalecer el Sector Eléctrico: “establece un conjunto de medidas de carácter integrar. Lo analizaremos en la Comisión y en la consulta que se hará al ministro de Hacienda y Crédito Público (Iván Acosta), al INE, a Enatrel y Enel, profundizaremos en los detalles técnicos y en la explicación de las medidas que irán tomando según los tiempos establecidos”, agregó.
El decreto legislativo indica que para recibir este préstamo, el Gobierno debe iniciar en el 2018 un periodo de ajuste de las tarifas y de los subsidios otorgados a los usuarios del sistema eléctrico, proceso que terminará en el año 2022.
Se “contempla la revisión de las tarifas del sector eléctrico, en un programa conjunto con el INE, está contemplada la revisión gradual de la política de subsidios y la revisión de los costos de generación de energía, de lo que cobran las generadoras a las distribuidoras, se trata de un programa integral que tiene que ver con las reformas legislativas que deben fortalecer el aspecto normativo de cara al sector eléctrico, es un proceso gradual”, recalcó Figueroa.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó que la revisión de los subsidios forma parte de un proyecto entre el Gobierno de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BIB) relacionado a la estabilidad macroeconómica del país para garantizar la sostenibilidad financiera del sector energético.
“El proyecto es para mejorar la transparencia de resultados a la gestión del sector, en promover la matriz energética sostenible, que significa fomentar renovables, inversión privada y eficiencia energética. Todo eso es lo que está planteado ahí. El tema de los subsidios es un elemento de todo lo que significa esa negociación del BID con el Gobierno, y es un tema que incluye un compromiso de lograr disminuir las pérdidas”, agregó.
Aguerri manifestó que en ese último punto hay que destacar que existe un compromiso de reducir las pérdida de 20% a 9%. “Ya hoy se llega a hablar de que las pérdidas técnicas del sector andan en 18%, pero si logra llegar a 9 tendría un impacto enorme en el ahorro a la tarifa, lo que significaría reducir millones que hoy se están pagando por el tema de las pérdidas de energía eléctrica”, explicó el dirigente empresarial.
Otro de los elementos que se deben estudiar, según Aguerri, está relacionado al ajuste de los subsidios para las personas que consumen menos de 150 Kwh (kilowatts horas al mes), a los jubilados y a los consumidores mayores de 150 Kwh que no pagan IVA. “Eso es parte de la revisión, la cual debe ir acompañada del pliego tarifario nuevo, son elementos, y no hay nada cierto de lo que se decidirá”, aclaró.
La Comisión también recibió un decreto legislativo de préstamo por US$10.5 millones que es financiado por los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para fortalecer la electrificación rural y otro decreto de US$42.9 millones otorgados por la Agencias de Cooperación Internacional de Japón (JICA), para la construcción de cuatro puentes en el trayecto de Mulukukú a Siuna.
