Restitución de derechos alcanzó a taxistas legales de Granada: la policía ha sacado al menos el 95% de taxis piratas autorizados ilegalmente por el Alcalde

 

La restitución de derechos alcanzó a los taxistas legales de Granada, que por casi 3 años lucharon por sacar de circulación más de 120 taxis piratas que circulaban con placas particulares, llamadas “placas blancas”, con permisos de operación entregados por las autoridades municipales.

 

La directiva de la Cooperativa de Taxis Gran Sultana, se reunió el lunes 3 de diciembre para evaluar la actuación policial, que finalmente procedió a ejecutar la sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el sentido de retirar de las calles los taxis piratas.

 

Según Rigoberto González, Presidente de la Cooperativa de Taxis Gran Sultana, la policía esta haciendo lo suyo, en base a un mandato judicial, conforme sentencia, logrando hasta el 3 de diciembre sacar de circulación no menos del 95% de los ilegales.

 

Por nuestro lado tratamos de obtener las opiniones de algunos taxistas, como es el caso de Marcos Abea, uno de los más crudos opositores a la demanda de sus colegas, quien nos dijo que prefería mantenerse callado, esta vez.

 

Otros taxistas prefirieron no comentar nada, como para mantenerse en una posición neutra, pero nos hicieron sentir que están preocupados por el futuro de los dilleros o cadetes que andan las unidades que salieron de circulación.

 

La situación ahora, esta enfocada en la actuación de los afectados, los que fueron estafados con miles de dólares, muchos de ellos se “enjaranaron” con prestamistas, vendieron valores o prestaron en los bancos, empeñando sus casas y sus vehículos para acceder a comprar un par de placas, por debajo de la mesa, sin recibo que los respalde.

 

En esta jugada sucia están en juego casi medio millón de dólares. Incluso, nos manifestaba el líder de las cooperativas de taxis, Rigoberto González, que la actuación gansteril de venta de permisos de operación, incluso “clonados”, ha continuado, ya que hace un par de días se detectó taxis piratas que habían conseguido permisos clonados para operar tres meses por la cantidad de 300 dólares por permiso.

 

Se desconoce si la policía va a investigar a fondo el asunto para llegar a los responsables de esta estafa pública, realizada por funcionarios públicos que ni las cooperativas se atreven a nombrar con nombre y apellidos. La información se la están guardando.

 

Por nuestro lado intentamos conversar con la comisionada mayor Fátima Flores, Jefa de la Policía Nacional en Granada, pero su secretaria nos pidió esperar un momento en el teléfono para luego decirnos, “en este momento esta saliendo”.

 

La Verdad es que pensábamos ver con la jefa policial hasta donde llevaría la policía el caso, que a todas vistas es una estafa masiva y pública en la que presuntamente están involucrados hasta concejales y altos funcionarios del actual Gobierno Municipal de Granada.

 

El asunto es ahora, ¿quién le toca el viril al mono? y destapa la sopa de burundanga del actual Gobierno Municipal de Granada.

 

 

Rigoberto González confesó a LAVERDAD, que fue hasta el domingo 2 de diciembre por la tarde que se enteró de que la policía estaba sacando los taxis piratas, por llamada que le hicieron felicitándolo.

 

Luego confirmó que si, la policía estaba ejecutando la sentencia y fue a la policía a verificar la información. Hasta el lunes 3 de diciembre, según Rigoberto, ya estaban fuera de circulación más del 95% de los taxis piratas.

 

La Junta Directiva de la Gran Sultana, esta de acuerdo en que el sector transporte siguen con otra nueva lucha, que es mejorar el servicio, “dar un buen trato a los usuarios y garantizar el servicio, que sea un servicio de calidad”.

 

Planean renovar unidades ya destartaladas. Sobre una nueva licitación para aumentar el parque taxis en Granada, Rigoberto González dijo que tanto ellos como la Carlos Núñez “y otras cooperativas, jamás hemos dicho que no entren nuevas concesiones a Granada”.

 

Lo único que consideran las cooperativas, según González, es que “hay que respetar el marco legal de la Ley 524, la que orienta 17 artículos para aprobar nuevas concesiones y las licitaciones en la ciudad”.

 

Para Rigoberto, este proceso de licitación debe comenzar por realizar un estudio de factibilidad “que respete los derechos tanto de los que ya estamos funcionando, como los que futuramente quieran aspirar a tener una concesión”.

 

“Es triste para nosotros saber que le debes 9 mil dólares al banco y de repente, porque a unos “iluminados” concejales que actuaron de mala fe, vinieron y metieron 120 concesiones, sin hacer previos estudios de factibilidad”, comentó Rigoberto.

 

Sobre la cadena de estafas, el dirigente taxista dijo que el fin de semana (viernes 30 de noviembre), un muchacho dio 300 dólares por un permiso clonado de operación, “que solo disfrutó día y medio: sábado 1 y domingo 2 de diciembre”.

 

Para González esto se da “en río revuelto, ganancia de pescadores”, porque “hay personas que han sabido explotar el desorden en nuestra ciudad”. Consideró que esos permisos clonados, algunas veces ni salen de la Dirección Municipal de Transporte, porque “son personas que se auto llaman poderosos, asesores del Alcalde”.

 

Hasta ahora, según Rigoberto González, nadie da nombres de los misteriosos personajes que “hacen su agosto”, su negocio cerrado, a costa de la necesidad de la gente. “Los afectados no son capaces de decir los nombres, tal vez ahora que ya están fuera de circulación empiecen a reclamar su derecho que les corresponde: reclamar el billete que pagaron por debajo de la mesa”.

 

En cuanto a los dilleros desempleados por el retiro de los ilegales, González los invita a visitar “las cooperativas Gran Sultana y la Carlos Núñez, las que están abiertas para ellos”.

 

También habló de los empresarios de taxis que llegaron a adquirir de 5 a 20 concesiones, y dijo que manejan los nombres de algunos, que prefieren mantenerlos “resguardados en nuestro conocimiento”.

 

 

Wilfredo Fuertes, miembro de la Junta Directiva de la Cooperativa Gran Sultana, habló sobre el contacto que hizo con algunos taxistas “dilleros” que le hablaron de la posibilidad de ser tomados en cuenta para nuevas placas de taxis en Granada.

 

Fuertes le explicó que tal situación se resolverá en el proceso de licitación pública, que no es la cooperativa la que va a decidir sino el proceso contemplado en la Ley 524 y su reglamento.